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Despenalización en Argentina, estrategias, iniciativas legislativas

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Para RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina
De: diario Judicial, Buenos Aires
Fecha: 13 de agosto de 2004

Este proyecto fue presentado por la senadora Vilma Ibarra.


PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.:
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 86 del Código Penal, que quedará
redactado de la siguiente forma:


“Articulo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y
sufrirán además, inhabilitación especial por doble de tiempo que el de la
condena, los médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos que abusaren de su
ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer
embarazada, no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de
la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
2. Si el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad
sexual;-
3. Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina
del feto”.


Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Cuando se aborda el tema del aborto y la forma en que el mismo es tratado
por nuestra legislación, es fundamental hacer referencia a la historia de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. En primer
lugar, hay que mencionar que hasta la década del noventa, no se habló, o
mejor dicho se prohibió hablar, de salud sexual y reproductiva y los
derechos correspondientes (diez años después de que el tema cobrara
relevancia internacional). Por un lado, tanto el gobierno de Isabel Perón en
1974, como la dictadura militar en 1977, emitieron decretos que prohibían y
eliminaban las actividades vinculadas al “control de natalidad”. Recién en
el año 1986, se dejaron sin efecto dichos decretos y de esa forma se
eliminaron las prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y las
obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un año después de que el
Congreso Nacional ratificara la Convención sobre Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), pero el final de la vigencia de
normas prohibitivas no significó la inmediata implementación de acciones
positivas al respecto. Puede mencionarse en ese sentido, que fue en el año
1998 cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
implementó el Programa de Procreación Responsable.
El año 1994 fue históricamente relevante para los derechos de las mujeres.
Por un lado, en cuanto a nuestro país, y a partir de la reforma
constitucional, se incorporó la mencionada convención al texto de la Carta
Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional, se realizó la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) reunida en El
Cairo, en la cual se elevó a nivel de compromiso internacional la atención a
la salud sexual y reproductiva y el respeto a los derechos correspondientes,
y se estableció un “programa de acción”, considerablemente ambicioso pero al
que es pertinente aclarar que nadie está obligado; sí resulta un compromiso
moral, suscripto por gobiernos, entre ellos el argentino, organizaciones
civiles y organismos internacionales. En el año 1995, se realizó la V
Cumbre Mundial de la Mujer en Beijing. Ambas conferencias internacionales
constituyen avances fundamentales en la consideración de los derechos
sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres.
Cabe entonces señalar que Argentina firmó los documentos emanados de dichos
eventos, comprometiéndose a llevar adelante acciones que promuevan la salud
de las mujeres y en particular, su salud sexual y reproductiva, así como los
derechos pertinentes.
Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no puede considerarse por fuera
de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate
sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres. En este
sentido, cabe citar el Párrafo 8.25 del Programa de acción de la Conferencia
Internacional sobre Población respecto al aborto: “En ningún caso se debe
promover como método de planificación de la familia. Se insta a todos los
gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse
de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones
no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el
recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios
de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados
deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento
comprensivo (...) En los casos en que el aborto no es contrario a la ley,
los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos
las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar
complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud
servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento
postaborto que ayuden a evitar la repetición de los abortos.”.
Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada más arriba, la delegación
argentina participó del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la
Plataforma de Acción que recomienda a los gobiernos considerar la
posibilidad de revisar el derecho que impone sanciones a la mujer que comete
un aborto. Dice el párrafo mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los
gobiernos: ”k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo...”, citado anteriormente, “...considerar la posibilidad de
revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han
tenido abortos ilegales.”.-
Teniendo en cuenta lo expresado, cabe referirse a la situación en que se
encuentra nuestro país, ya que no se han mostrado avances en la aplicación
del referido programa, en relación a la capacitación y adecuación de los
servicios de salud para atender las complicaciones del aborto. Tampoco se ha
ajustado Argentina, estando obligada, a las recomendaciones del Comité
Permanente de la CEDAW (Convención sobre Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer). En cuanto a dicha Convención, en el año 1997, el Comité
instituido por la misma, con facultades de control, seguimiento y evaluación
del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el
tratado, recomendó al gobierno argentino revisar la legislación sobre el
aborto. El Estado no ha respondido entonces, ni lo ha hecho hasta la
actualidad.
Asimismo, también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano
supervisor de la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966)
y sus Protocolos por parte de los Estados Partes, realizó las siguiente
recomendaciones a la Argentina en relación al aborto, en el año 2000:
“...14. En cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva,
preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos
de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se
lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la
madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con
discapacidad mental...” y continúa, “...El Comité recomienda que el Estado
Parte tome medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación
responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará asesoramiento sobre
planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer
a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además que se
reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de
planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de
planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos
en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los
obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para
autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación.” (la
cursiva no es del texto original).
Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa no sólo no se
vincula, sino que es opuesta, a la consideración del aborto como método de
planificación familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, es
oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre el tratamiento
normativo del aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los
derechos humanos, en el que están involucrados el respeto a la autonomía, a
la salud integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de las
mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su
especificidad sexual y reproductiva.
Consecuentemente, es momento de revisar la legislación nacional sobre
penalización del aborto, sobre todo en algunos casos en que la misma resulta
en restricciones gravísimas a los derechos de las mujeres. Mediante este
proyecto se pone en consideración la eliminación de la punibilidad del
aborto en dos casos incuestionables por distintas razones. Por un lado,
cuando hubiere ocurrido el embarazo como consecuencia de un delito contra la
integridad sexual, y por otro cuando fuera un embarazo con diagnóstico
médico de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Actualmente, el artículo 86 del Código Penal, pena con reclusión o prisión
de uno a cuatro años e inhabilitación especial por el doble tiempo que el de
la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren
de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. A su
vez, establece dos excepciones a la prohibición de realizar abortos; si se
ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre
y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo
proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente. En este caso, el consentimiento legal debe ser requerido
para el aborto.-
En cuanto a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro
se lo causare, el artículo 88 del Código Penal establece que será reprimida
con prisión de uno a cuatro años. En virtud de este mismo artículo, la
tentativa no es punible.
Es decir, en nuestro país, como en la mayor parte de los países de América
Latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos
casos mencionados. También es en dicha región donde se concentran gran
cantidad de muertes maternas, entre cuyas principales causas se encuentran
las complicaciones por abortos inseguros. Según aproximaciones realizadas se
llega a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto por año en
América Latina. El lugar que el aborto ocupa entre las causas de muerte
varía en los distintos países. Teniendo en cuenta esta variación es posible
estimar que ocurren entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. En
promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por
cada 100.000 interrupciones del embarazo (Organización Mundial de la Salud,
1998). En cuanto a lo que ocurre en nuestro país, las complicaciones del
aborto constituyen la primera causa de muerte materna, pues representan poco
más de 1/3 del total (UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación -2003-.
“Mortalidad Materna. Un problema de salud pública y derechos humanos.”).
Puede decirse, por lo tanto, que este tema constituye un problema de salud
pública, aunque este proyecto no se aboque específicamente a resolverlo en
su complejidad.
Sí se aboca este proyecto a la despenalización del aborto para las dos
situaciones mencionadas anteriormente. En primer término, y en relación con
los casos de abortos de embarazos que son consecuencia de delitos contra la
integridad sexual, es importante comenzar recordando que es una
recomendación específica del Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas
para Argentina. No es difícil acompañar con argumentos esta recomendación,
si se tiene en consideración el respeto por la dignidad y la autonomía de
las mujeres; en cambio resulta dificultoso seguir sosteniendo que el aborto
debería ser penado en estos casos, no pudiendo las mujeres decidir poner fin
a un embarazo producto de dicha situación, sin vulnerar derechos humanos
fundamentales de las mujeres y de su especificidad sexual y reproductiva.
Por otra parte, mucho se ha hablado últimamente de lo condenable y
abominable de los delitos contra la integridad sexual, proponiéndose
aumentos de penas para los victimarios, entre otras cuestiones vinculadas
con lo sancionatorio de la ley. Sin embargo, poco se ha escuchado y
propuesto acerca de cómo la ley puede defender los derechos de las victimas
de dicho delito, en lugar de penalizar sus acciones vinculadas al hecho que
sufrió, y en ese sentido proponemos en este caso permitirles decidir
dignamente sobre qué hacer con un embarazo producido de esta forma, con las
consecuencias psíquicas y físicas que conlleva.
Como dato ilustrativo de lo que puede implicar para las mujeres un embarazo
producto de los delitos en cuestión, cabe mencionar que según un estudio del
Instituto Social y Político de la Mujer (2002), cuando se preguntó “¿Qué
haría o sugeriría hacer a su pareja si tiene relaciones sin ningún método
anticonceptivo?, se responde en el 2% de los casos “esperaría a comprobarlo
y de ser así me hago un aborto”, y en el 23% de los casos: “tomaría píldoras
de anticoncepción de emergencia inmediatamente”. Cuando se preguntó “¿Qué
haría usted o sugeriría a una mujer hacer si, como consecuencia de una
violación, temiera quedar embarazada?”, la distribución de respuestas
cambia: en el 15% de lo casos se responde “esperaría a comprobarlo y de ser
así, me hago un aborto”, y en el 39% de los casos la respuesta es “tomaría
píldoras de anticoncepción de emergencia inmediatamente”.-
Se puede concluir, entonces, que aún muchas mujeres que en otras condiciones
no decidirían practicarse un aborto o utilizar anticoncepción de emergencia
(es pertinente mencionar que la OMS definió a la anticoncepción de
emergencia como un método anticonceptivo más y exhortó a la difusión de su
existencia y utilización, especialmente en casos de violencia sexual), en
caso de un embarazo producto de violencia sexual, sí lo harían. Es decir, de
hecho, estas mujeres, en el mejor de los casos pueden dejar de ser víctimas
y objetos de violencia de otros y decidir autónoma y dignamente qué hacer
respecto a algunas de las posibles consecuencias del delito que sufrieron.
Retomando la legislación vigente y la posibilidad de proteger a las víctimas
y no de penalizarlas, el artículo 86 del código penal sí permite el aborto
en caso de que las mujeres que resultaron embarazadas, como consecuencia de
una violación, sean dementes o idiotas. Ante lo cual, cabe preguntarse en
relación con la punibilidad del aborto, por el sentido de distinguir a la
víctima de una violación por sus facultades mentales, y avanzando un poco
más, por la diferencia de un embrión de una mujer idiota o demente y de una
que no lo es. Por lo tanto, la distinción de nuestra legislación que permite
el aborto sólo en el primer caso, carece de sustentación.
En consecuencia, el presente proyecto propone que no sea punible el aborto
si el embarazo proviene de un delito contra la integridad sexual. De esta
forma, se pretende una acción positiva en relación con los derechos humanos
de las mujeres, consagrados y asumidos por nuestro país.
En cuanto al otro caso en que se propone la despenalización del aborto,
cuando se trata de un embarazo en el que ha sido diagnosticado médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina del feto, se puede mencionar en primer
lugar, que existen ejemplos de normas que regulan la situación que aquí se
considera, por ejemplo, la ley 1044 de la Ciudad A. de Buenos Aires, que
obliga al médico tratante a informar a la madre y al padre sobre la
posibilidad de adelantar el parto cuando el feto presenta “gravísimas
malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte
intraútero o a las pocas horas de nacer.”.
En este caso, tampoco es difícil acompañar con argumentos esta iniciativa.
Se pueden mencionar en primer lugar algunas cuestiones señaladas al momento
de sancionarse la referida ley local. Sucesivos procesos judiciales tuvieron
como precedente jurisprudencial establecido en el caso "T.S.c/GCBA s/amparo"
en el que, el Tribunal Superior de Justicia de dicha jurisdicción, como la
Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluaron reglas constitucionales
relativas a la vida, a la salud física y psíquica, a la protección integral
de la familia, y las reglas penales que prohíben el aborto y sus
consecuencias y se autorizó a la Dirección del Hospital Materno Infantil
"Ramón Sardá" a inducir el parto en el caso de Anencefalia S. T. En el caso
referido, el Dr. Julio Maier, miembro del Tribunal Superior de Justicia
local, sostuvo en su voto: «la razón de ser de la falta de ejecución de la
solución diagnosticada consiste, precisamente, en la perplejidad de los
médicos frente a las reglas jurídicas que rigen el caso, que –es cierto– no
permiten una definición concreta sencilla desde el punto de vista del orden
jurídico… ya por oscuridad de la ley, ya por falta de previsión concreta
(laguna), ya porque la praxis judicial no alcanza el grado de generalidad y
aceptación que permitiría develar la interpretación correcta del caso frente
al orden jurídico».-
Si bien existe en el ámbito nacional uniformidad casuística en relación al
tema, la incorporación expresa al texto de la ley, de la no punibilidad del
aborto en los casos en que la vida extrauterina del feto sea inviable,
facilita a las mujeres que se encuentren cursando un embarazo de las
características mencionadas, la interrupción del mismo, sin recurrir a vías
judiciales para sortear posibles obstáculos.
En cuanto a la situación de la mujer que se enfrenta con un diagnóstico
fetal como el que estamos considerando y lo acertada de la modificación que
se propone, podemos citar a Eva Giberti: la mujer “deberá comprender que ese
ser que está creciendo en su interior, ilusionado, registrado y nominado
como hijo, creando una identidad filial, modificará su perfil identitario
convirtiéndose en una criatura para la muerte inevitable y cercana. La
catástrofe psíquica reside en sobrellevar el crecer muriendo de ese ser
vivo, proceso que se desenvuelve dentro de ella. Un proceso que conduce al
progresivo deterioro de la capacidad de humanizarse que padece ese feto, al
que, sin embargo, ella humanizó al hacerlo su hijo». (Eva Giberti,
“Anencefalia y Daño Psíquico en la Madre”; VII Jornadas Argentinas de
Bioética; noviem-bre de 2001).
La modificación del artículo 86 del Código Penal propuesta, amplía de esta
forma los casos en que el aborto no es punible, dando respuesta a las
recomendaciones recibidas internacionalmente y a cuestiones que hacen a la
problemática que nuestro país enfrenta en cuanto al aborto. Nadie está a
favor del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de
engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician
su práctica. De lo que aquí se trata es de afirmar, de confirmar la absoluta
convicción de que la amenaza de prisión para quien abortó un embarazo
proveniente de una violación, o cuando está comprobada médicamente la
inviabilidad de vida extrauterina del feto, no sólo no es un camino para
evitar los abortos, sino que se trata de una sanción injusta que coloca a la
mujer en la terrible situación de tener que optar entre un aborto
clandestino bajo condiciones que colocan en riesgo su vida y su salud; o
someterse, en el caso de la violación, a una maternidad violenta que afecta
sus derechos humanos, y en el caso de la imposibilidad de vida extrauterina
del feto, a un embarazo que generalmente termina en aborto pero con más
costo físico y psíquico para la embarazada. Está comprobado que el camino de
la amenaza de prisión no resuelve el tema, sino que contribuye
sustancialmente a su agravamiento y menos aún resuelve los conflictos
vinculados con los casos en que este proyecto propone considerar para su
despenalización.
Por último, también es pertinente afirmar que la modificación de la
legislación es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar
la posibilidad de que las mujeres se realicen esta práctica sin encontrar
obstáculos de diversos tipos. Es sabido que actualmente, aún en los casos
permitidos, no es sencilla para las mujeres la accesibilidad para realizarse
un aborto. Por lo tanto, la presente propuesta intenta contribuir a
sincerar, modificar y superar los problemas vinculados con la penalización
del aborto.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.-

 

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RIMA: Red Informativa de Mujeres de Argentina
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Fecha de publicación en RIMAweb:23/08/04.