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EN ESTE 8 DE MARZO DE 2000, LAS MUJERES RECLAMAMOS

NUESTRO DERECHO A DECIDIR Y NUESTROS DERECHOS LABORALES

Declaración de la Coordinadora por el Derecho al Aborto*

Argentina; Marzo del 2000

Frente a este 8 de marzo, más allá de homenajes y declaraciones contra la discriminación de las mujeres, asistimos a la continuación y perfeccionamiento de las políticas del gobierno menemista, que destruyen conquistas laborales que las mujeres habíamos obtenido en décadas de lucha.

Se legaliza la precariedad laboral existente. Al extender el período de prueba, al bajar las indemnizaciones, nuestra situación laboral se agrava. El tener hijos es para la mujer una traba para obtener empleo; el embarazo, en lugar de ser motivo de protección, es causa de despido. Y esto ocurre ante la indiferencia de las instituciones, y el cinismo de que los supuestos defensores de la maternidad, que vociferan contra el derecho al aborto, no vacilan en sancionar esta reforma laboral que da forma legal al despojo de nuestros derechos.

La flexibilización de la jornada de ocho horas y las vacaciones redunda en la superexplotación del sector con empleo y mayor número de desempleadas/os.

Se legaliza la supresión de la licencia por maternidad y la lactancia, que no pueden lograrse sino con estabilidad y antigüedad en el trabajo.

Estas medidas provocan más abortos, porque cuando las mujeres quedan embarazadas no pueden arriesgar su trabajo, aunque éste sea precario.

El intento de aumentar la edad jubilatoria, exigido por el Fondo Monetario Internacional, golpea no sólo a las mujeres.

El Estado reduce sus gastos a costa de la salud y la edad de las trabajadoras, impidiendo además el empleo de los jóvenes.

También nos acecha la continuidad de la política del menemismo en cuanto a nuestro derecho a decidir. En la Argentina se practican más de 500.000 abortos cada año. Muere más de una mujer pobre por día por la clandestinidad del aborto y su realización en pésimas condiciones sanitarias; son las pertenecientes a los sectores más pobres.

"El aborto provocado es la primera causa de mortalidad materna en la Argentina". "El 50 por ciento de las camas de ginecología está ocupado por patología asociada a los abortos incompletos provocados". (Fuente: Vigilancia epidemiológica de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires)

La mortalidad por aborto (ilegal, séptico) es 200 veces superior en los países del Tercer Mundo con el llamado Primer Mundo. Con la miseria y exclusión crecientes, la discriminación social y sexista se acentúa cada vez más.

La confirmación del decreto del día del nonato y las palabras del secretario de Culto confirman la continuidad de la que hablamos. No es casual que el gobierno anuncie la continuidad del "Día del niño por nacer".

Las mujeres seguirán recurriendo al aborto frente a embarazos no deseados o a condiciones de vida que desalientan la maternidad y la convierten en un sacrificio para ellas y un riesgo para sus hijos. Parece olvidarse que la movilización de las mujeres impidió que en la Convención Constituyente de 1994 se estableciera la cláusula de "defensa de la vida desde la concepción" en la Constitución y que tampoco se pudiera imponer en la reforma de la ley de minoridad.

El acuerdo entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno también continúa: aquélla silencia sus críticas a la situación económica y social y éste cuenta con la intervención de la Iglesia para sostener el equilibrio social -- desestabilizado por la miseria y el hambre. La moneda de cambio para ello son nuestros derechos, la garantía de que todo siga igual.

El problema del niño real, de los 55 niños que mueren por día de hambre y desnutrición en nuestro país, queda oculto tras esta cortina de humo.

Vivimos en un país laico. La convicción religiosa del Presidente -o aun de la mayoría- no puede ser impuesta al resto de la población. No nos rige ningún régimen teocrático donde el Estado se identifique con una religión determinada. La defensa de la democracia pasa también por que un dogma religioso no puede ser obligatorio al conjunto de la sociedad. Especialmente cuando las mujeres no hemos sido consultadas, en aquello que nos concierne.

Como principio democrático, reivindicamos nuestro DERECHO AL ABORTO, lo que significa la libertad para ejercerlo o no, sin imponérselo a ninguna mujer.

Es un mito que los abortos son más frecuentes donde encuentran más facilidad para su realización. En Europa occidental, donde está legalizado, abortan 14 de cada 1000 mujeres. En América Latina, esta cifra es de 30 ó 60 por 1.000.

173 países reconocidos por las Naciones Unidas, en los que vive el 96 por ciento de la población mundial, reconocen el derecho al aborto por diferentes causas. Este derecho, que numerosos países consiguieron entre las décadas 60 a 70, en el nuestro es considerado un delito.

Las libertades y los derechos humanos son universales, aquí o en Afganistán. Así como nuestra dignidad nos impide aceptar que los talibanes puedan imponer sus costumbres bárbaras a las mujeres de ese país, ¿por qué no vamos a gozar en la Argentina de los mismos derechos de los que gozan las mujeres europeas, norteamericanas y de algunos países de América Latina como Cuba, Puerto Rico y Guyana? Si los dictadores chilenos y argentinos pueden ser juzgados fuera de sus países universalizando los derechos humanos, ¿por qué no universalizar el derecho al aborto en el nivel más alto consagrado ya en muchas legislaciones del mundo?

Mientras se nos cuestiona el derecho a interrumpir el embarazo, la que decide continuarlo es obligada a mantener esa maternidad sin protección social. El derecho a elegir la maternidad debe implicar también el derecho a escoger no serlo, caso contrario no se hablaría de derecho, sino de obligación.

El Estado interviene por acción u omisión: penalizando el aborto y no instrumentando de forma eficaz la información sexual y la anticoncepción, instrumentos esenciales para que las mujeres podamos decidir, tres condiciones necesarias de nuestra liberación sexual, de la apropiación de nuestro cuerpo. Decisión implica: conocimiento, información, saber y poder optar. Si fallaron los anticonceptivos, si se cambió de decisión, poder optar por la interrupción del embarazo y hacerlo en las mejores condiciones, sin clandestinidad, sin ser perseguida y penalizada por ello.

Es inadmisible que aún se considere a la mujer que aborta como criminal, en un marco estrictamente punitivo, cuando debe ser considerada en todos sus aspectos: de salud física y psíquica, de acceso al conocimiento y de su derecho a abortar.

Las excepciones legales que establece el Código Penal en las cuales el aborto no es delito: en caso de violación y cuando esté en peligro la salud o la vida de la mujer, sólo se aplican en forma muy excepcional. La situación de la mujer que desea realizarse un aborto -incluso cuando el aborto no es punible- no puede estar sujeta a la discrecionalidad de agentes externos a ella: jueces o médicos. Para ello es necesario despenalizar del aborto.

El centro de la legislación debe ser la mujer y su derecho. Si ella no aparece, el Estado interviene en su útero de forma descarnadamente absolutista.

Mantener el delito del aborto es establecer dos categorías de ciudadanas: las que por sus recursos pueden practicárselo y las que por carecer de ellos tienen que seguir adelante con un embarazo no deseado o arriesgar su salud y su vida. Esto es violatorio del principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución Nacional; del Artículo 19 de la Constitución Nacional que trata sobre la privacidad de los actos de las personas; de la Convención Internacional Contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer, que obliga a "derogar todas las disposiciones penales que constituyan discriminación contra la mujer" y que establece el derecho de decidir el número de hijos.

Frente a esta cuestión, y a pesar de la ley de cupos que llevó a muchas mujeres a ocupar cargos públicos, se da la espalda a este grave problema que implica la vida y la salud de las mujeres. Salvo honrosas excepciones personales, los partidos políticos parlamentarios se han manifestado en contra o lo ignoran.

Reclamamos un cambio en esta política.

Las/los legisladoras/es tienen la responsabilidad de contribuir a salvar la vida física de muchas mujeres, legislando para impedir tantas muertes evitables. Pero no sólo esto, sino también para garantizar para todas la vigencia de los derechos que hacen a la vida digna de ser vivida.


ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

COORDINADORA POR EL DERECHO AL ABORTO

integrada por las siguientes organizaciones:

Comisión por el Derecho al Aborto

MUSAS (Mujeres socialistas autoorganizadas)

Mujeres de Izquierda

Mujeres Libres

Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina)

ADEUEM (Asociación de Especialistas Universitarias de Estudios de la Mujer)

Casa de la Mujer Azucena Villaflor (La Plata)

 

Se adhieren:

Amas de Casa del país

Foro por los Derechos Reproductivos

FEIM

Mujeres por el Derecho a Elegir (Neuquén)

ATEM 25 de Noviembre

Red Nacional por la Salud de la Mujer

 

* presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación

Coordinadora por el Derecho al Aborto

Correo electrónico: codeab@ciudad.com.ar

 

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URL de este archivo: http://www.rimaweb.com.ar/calendario/8_marzo/coord_derecho_aborto.html
Fecha de actualización en RIMAweb: 29/04/05