DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SECRETARÍA DE SALUD de la ciudad de Buenos Aires

 

LIGADURA DE TROMPAS

CONSENSO DE EXPERTOS

 

I. Antecedentes

 

El 7 de marzo de 2000, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira firmó la resolución 223/00.

 

Fundamentada en sus considerandos, dicha resolución propone:

Reiterar la recomendación efectuada, en las Resoluciones Nº 2070/99 y 26/00, al Secretario de Salud para que dicte las reglamentaciones o instrucciones necesarias a fin de evitar en lo sucesivo que se le exija autorización judicial a las mujeres con indicación médica precisa para practicar la "ligadura de Trompas de Falopio", a fin de evitar riesgos a la vida o graves lesiones a su salud.

Recomendar al Secretario de Salud que en la reglamentación que se dicte respecto de esta práctica no se incluyan las condiciones establecidas por la Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires en los ítems 1º y 3º (en lo referido al consentimiento del cónyuge) del apartado C) del punto II) del dictamen recaído en el Expediente Nº 5421/2000, por las consideraciones efectuadas en los considerandos de la presente. Existiendo una indicación terapéutica precisa que establezca la realización de esta intervención quirúrgica, resulta suficiente el consentimiento informado de la paciente siempre que se encuentre garantizado el acceso a la información actualizada sobre esta práctica y sobre los distintos métodos que pudieran sustituirla.

Recomendar al Secretario de Salud que en la reglamentación que se dicte respecto de la intervención quirúrgica consistente en la ligadura de las trompas de Falopio se prevea la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Contención para los pacientes que deban enfrentar la decisión de prestar o no conformidad para la misma, tanto en el momento de tomar la decisión, como con posterioridad a la intervención quirúrgica.

 

 

II. Objetivos de la reunión

A fin de consensuar criterios la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con la Secretaría de Salud del GCBA, consideraron pertinente convocar a un grupo multidisciplinario de expertos para:

discutir sobre el contenido de la resolución 223/00 de la Defensoría del Pueblo, debatir los aspectos sociales, bioéticos, técnico-médicos, y jurídico-legales de la ligadura tubaria, formular un acuerdo de consenso que represente un fundamentado aporte para la implementación de este método quirúrgico en los servicios de salud de la red asistencial pública de la Ciudad de Buenos Aires.

 

III. Desarrollo de la reunión

Este evento tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires el día 30 de mayo de 2000, reuniendo a 19 profesionales en distintas disciplinas y tres diputados de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad. La coordinación del debate estuvo a cargo del Dr. Carlos Niccolini, asesor en salud de la Defensoría del Pueblo.

Por turnos cada participante expuso su opinión respecto de la ligadura tubaria en general y de la resolución 223/00 en particular, planteándose los siguientes temas:

alcances del concepto de salud.

requisito de autorización judicial para la realización de la ligadura tubaria,

proceso de consentimiento informado y autodeterminación de la mujer en la decisión,

pertinencia del consentimiento del cónyuge,

reversibilidad del método de ligadura (en centros de alta capacitación puede lograrse la repermeabilización de las trompas en un 70 a 80 %),

excepcionalidad de esta intervención quirúrgica como método de anticoncepción,

alcances de la objeción de conciencia de los profesionales,

equiparación entre el sistema público y la consulta privada,

 

A posteriori el grupo de expertos conformó tres comisiones de trabajo, elaborando conclusiones que fueron leídas en un plenario final, adoptándose el compromiso para la redacción posterior del documento de consenso.

El acto de cierre contó con la presencia de la Defensora titular del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira, el Secretario de Salud del GCBA, Dr. Pablo Bonazzola; los Defensores adjuntos Dra. Diana Maffía, Dr. Alejandro Nató, Lic. Rafael Veljanovich y el Secretario General de la misma institución, Dr. Héctor Masquelet.

 

IV. Conclusiones

Los/as expertos/as acordaron las siguientes recomendaciones para orientar las decisiones de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación a la provisión de la ligadura tubaria en los servicios de salud de la red asistencial pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Las cuestiones relacionadas con la ligadura tubaria deben ser analizadas y resueltas en concordancia con el art. 19 de la Constitución Nacional en relación a la autodeterminación y el respeto a las conductas autoreferentes, a la luz de los instrumentos que protegen los derechos humanos referidos en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, particularmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así también en acuerdo con lo estatuido en el art. 37 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que reconoce los derechos reproductivos como derechos humanos básicos y las previsiones de los art. 4 inc. a, b, e y n de Ley Básica de Salud (153) de la Ciudad de Buenos Aires.

La salud constituye un derecho humano fundamental y debe ser concebida según la definición de la Organización Mundial de la Salud que hace referencia a la misma como un estado de completo bienestar bio-psico-social. Es compromiso indelegable del Estado garantizar una adecuada asistencia sanitaria a todos los ciudadanos/as sin discriminación de ningún tipo.

La ligadura tubaria será una opción excepcional a adoptarse en los casos en que los métodos anticonceptivos no puedan ser utilizados por la mujer debido a dificultades de orden físico-clínico y/o psicológico y/o social. La ligadura tubaria será accesible a las mujeres cuando exista una indicación terapéutica precisa por parte del médico y/o equipo interdisciplinario de salud tratante, basada en pronósticos que indiquen un grave riesgo a la vida o a la salud entendida como una integralidad bio-psico-social.

La ligadura tubaria sólo se realizará previo consentimiento informado de la mujer, entendido como un proceso de decisión. Ello es que la información que recibe la paciente le permite evaluar los riesgos que la decisión tiene para su salud o su vida, y que cualquiera sea la decisión que tome ésta será respetada.

En el caso de las personas menores de edad y las declaradas, por sentencia judicial, incapaces, deberán ser oídas e informadas en el proceso de decisión en el que también serán parte las personas que por ley ejerzan su representación legal.

La ligadura tubaria no requiere autorización judicial ni consentimiento del cónyuge, ya que es una decisión que se encuentra en el ámbito de la esfera personalísima de la mujer y en relación directa con el médico y/o equipo interdisciplinario de salud tratante.

Se respetará la objeción de conciencia de los/as profesionales mediante la firma de un documento público que comprometa dicha objeción tanto en la práctica asistencial pública como en la privada. La objeción de conciencia de los/as profesionales no desresponsabiliza a los servicios de la red asistencial pública de la Ciudad de Buenos Aires de la prestación de esta práctica, debiendo arbitrarse los medios para su realización.

Se recomienda una acción legislativa que asegure la materia del ejercicio profesional de la salud en el ámbito autonómico de la ciudad, ya que en la actualidad se aplica por vacío legal la ley nacional 17132. Se sugiere que aquella se adecue a lo referido en el punto 1 y a los criterios presentes en este documento. Asimismo se recomienda la modificación y/o revisión de la ley nacional de ejercicio profesional de la medicina, en relación al tema en cuestión.

 

CONSENSO DE EXPERTOS SOBRE LIGADURA DE TROMPAS

Hotel Savoy, Buenos Aires, Argentina

30 de mayo de 2000

LISTA DE PARTICIPANTES

 

Dr. Armando Arroyo: Médico cirujano. Especialista en Tocoginecología. Actual Coordinador del Comité de Bioética del Hospital Interzonal General de Agudos José Penna, Bahía Blanca.

Dra. Haydeé Birgin: Abogada. Coordinadora del Programa "El Derecho en el género y el género en el Derecho".

Dip. Jorge Casabé: Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vicepresidente de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Prof. Oscar Contreras Ortíz: Médico. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires.

Dra. Diana Galimberti: Médica. Jefa de la Unidad de Obstetricia del Hospital Teodoro Alvarez. Presidenta de la Asociación Argentina de Salud Sexual y Reproductiva.

Dra. Carmen González: Abogada. Presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asoc. de Abogados de Buenos Aires.

Dr. Lelio Grandi: Médico. Jefe de Clínica de la cátedra de Ginecología del Hospital Interzonal de Agudos de la Ciudad de Mar del Plata. Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Subzonal Felipe Fossati.

Dr. Gustavo Gruber: Médico. Especialista en ginecología, obstetricia y medicina legal. Secretario Gral. de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia.

Dr. Carlos Gurucharri: Médico. Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Rivadavia. Profesor Titular de la II Cátedra de Ginecología, Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires.

Dr. Pedro Hooft: Abogado. Juez, Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transisción Nº1, Mar del Plata. Presidente de la Asociación Argentina de Bioética.

Dr. Ignacio Maglio: Abogado. Diplomado en Salud Pública. Jefe de Sección Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz. Miembro de los Comités de Bioética de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica de la Fundación Huesped y del INCUCAI.

Lic. Susana Margulies: Antropóloga. Especialista en Antropología Médica. (UBA). Secretaria de Asuntos Académicos de esa facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Dip. Juliana Marino: Diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Integrante de las Comisiones de Salud y Educación.

Dra. Stella Maris Martínez: Abogada. Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal.

Dra. Nelly Minyersky: Abogada. Presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Directora del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Dr. Roberto Nicholson: Médico. Ex Profesor Titular de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Salvador .

Lic. Silvina Ramos: Socióloga. Especialista en investigación social y en entrenamiento de sociología médica, salud reproductiva y metodologías cualitativas.

Dra. Cecilia Rejo: Abogada. Jueza en el Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 79.

Dr. Ricardo Schwarcz: Médico. Coordinador de la Unidad de Salud Reproductiva, Maternal, y Perinatal de la Nación.

Dra. Susana Sommer: Bióloga. Profesora en el Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y en la Maestría de Ética Aplicada.

Dra. Graciela Vidiella: Doctora en Filosofía. Docente de Ética en las Universidades de La Plata y Buenos Aires.

Dip. Clori Yelicic: Diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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